Por Héctor O. Campos Fajardo/
Los militares gringos lo advirtieron hace más de dos años, el Estado mexicano había perdido la gobernabilidad en más de la tercera parte del territorio nacional -tal vez ahora sean dos terceras partes-, dominada por el crimen organizado. En el sexenio pasado se incrementó la violencia política e incluso quedaron manchados no solo por sangre los comicios intermedios y las últimas elecciones por la ilegalidad y la intervención descarada de los cárteles para imponer candidatos, financiar campañas, matar aspirantes, intimidar al votante y a funcionarios electorales, impedir la realización de la jornada cívica o destruir casillas.
Como sociedad poco hicimos ante ese ataque a nuestra democracia, el aparato gubernamental y el árbitro electoral intervinieron todavía menos dada su connivencia con las mafias o con el proyecto político que ha vulnerado el Estado de Derecho, acabado con la división de poderes y destruido los contrapesos constitucionales al poder. Así arribaron a la representación popular mandatarios como el impresentable Rubén Rocha Moya, quien con cinismo confesó en una entrevista televisiva como candidato que para ser gobernador en Sinaloa había que contar con el visto bueno del cártel del Pacífico. A los diversos eventos políticos que han marcado al llamado narco gobernador como el asesinato de su acérrimo rival Héctor Melesio Cuén, el secuestro y extracción del Mayo Zambada, las capturas y liberación de los chapitos, se suma el baño de sangre que ha enlutado a cientos de familias sinaloenses como daño colateral en las masacres provocadas por bandas rivales y la presión del gobierno norteamericano para que las autoridades enfrenten realmente a los barones de la droga.
Desde la administración federal pasada y en los tres años de desgobierno de Rocha Moya quedó evidenciada la connivencia de quienes debieran hacer valer la ley y los narcotraficantes; prueba de ello es la liberación de uno de los hijos del Chapo Guzmán y luego recapturado, las visitas a la mamá del encarcelado líder del Cártel de Sinaloa, las declaraciones del extraído Mayo Zambada, quien confirma la presencia del gobernador en la reunión donde mataron al ex rector de la UAS. Peor aún, siempre se negó la fabricación e introducción a la Unión Americana del fentanilo, se echó la culpa a los chinos de introducir ilegalmente percusores químicos o traficar directamente la droga sintética. Ante la presión gringa, el gobierno mexicano tuvo que reconocer, aunque rechacen los reportajes del New York Times, que las fuerzas armadas han destruido cientos de laboratorios y que las porosas fronteras y corruptas aduanas ha permitido el paso del opioide que mata a miles de jóvenes americanos , lo que constituye para la Casa Blanca un problema no solo de salud pública sino de seguridad nacional.
No se puede entender la permanencia de Rocha Moya en el Palacio de Gobierno, a pesar de las protestas sociales, de no ser por la complicidad que existe en los tres niveles de gobierno con el narcotráfico, verdadero poder político en la mayoría de las entidades del país. La llegada del republicano a la Casa Blanca debe posibilitar la caída del oriundo de Badiraguato -cuna del Cártel de Sinaloa-, ya que al gobierno mexicano le conviene dar muestra de que realmente quiere combatir a la delincuencia organizada. Los discursos patrioteros no tendrán mayor efecto ante la determinación política de Donald Trump; ya no se puede defender una falsa soberanía ni justificar a los envenenadores de los jóvenes allá y aquí para no ser considerados terroristas, eso demuestra colusión o ser tan cínicos moralmente para decir -como en la película sobre la dinastía Gucci: es un idiota pero es mi idiota-, son narcos pero son mis narcos.
Más allá de las amenazas cumplidas del dignatario norteamericano sobre migración, combate al crimen organizado y nuevas reglas comerciales, la defenestración de Rubén Rocha puede ser el inicio de una verdadera estrategia y política pública del gobierno mexicano para recuperar la gobernanza, demostrar que se respeta el Estado de Derecho y que se acabó la protección a los criminales. Los sinaloenses, los zacatecanos, los guerrerenses, los guanajuatenses, los colimenses, los jaliscienses, los chiapanecos, los sonorenses, los tabasqueños, los veracruzanos, los tamaulipecos, los mexiquenses y todos los ciudadanos de bien de esta noble nación merecen vivir con tranquilidad y paz social.
